El Tribunal Supremo ha vuelto a sentar jurisprudencia en materia de derecho al honor y libertad de expresión, en relación con las publicaciones difamatorias realizadas a través de anuncios publicitarios y portales de internet.
La sentencia 834/2022 ha dejado claro que las personas jurídicas, al igual que las físicas, tienen derecho a proteger su honor y prestigio profesional, incluso cuando no se demuestre un daño económico directo. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ponderarse con la libertad de expresión.
Para que una crítica se considere difamatoria y, por tanto, ilícita, debe ser especialmente grave e injuriosa, y no bastan las simples opiniones negativas. Además, las expresiones utilizadas deben ser objetivamente falsas y no estar respaldadas por hechos.
En el caso analizado, el Tribunal Supremo consideró que las publicaciones realizadas por el demandante constituían una verdadera campaña difamatoria, dirigida a dañar la reputación de la empresa demandada. La falta de pruebas para respaldar las acusaciones, el uso de términos denigratorios y la intención de perjudicar a la empresa fueron factores determinantes para considerar que se había producido una vulneración del derecho al honor.
Análisis:
La sentencia del Tribunal Supremo supone un importante avance en la protección del derecho al honor en el entorno digital. Establece unos criterios claros y precisos para determinar cuándo una publicación en internet puede considerarse difamatoria, y subraya la importancia de ponderar los derechos en juego, como la libertad de expresión y el derecho al honor.
Aspectos destacados del análisis:
Equilibrio entre derechos: La sentencia refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, especialmente en el contexto digital, donde la información se difunde de manera rápida y masiva.
Protección de personas jurídicas: Se reafirma el derecho de las personas jurídicas a proteger su reputación, aunque con ciertas limitaciones.
Requisitos para la difamación: Se establecen criterios claros para determinar cuándo una publicación puede considerarse difamatoria, como la gravedad de las acusaciones, la falsedad de la información y la intención de causar daño.
Consecuencias de la difamación: La sentencia advierte sobre las consecuencias legales de las publicaciones difamatorias, que pueden dar lugar a indemnizaciones por daños morales.
Implicaciones prácticas:
Esta sentencia tiene importantes implicaciones para usuarios de internet, empresas y profesionales que utilicen plataformas digitales para comunicarse o promocionarse. Es fundamental actuar con responsabilidad y prudencia al publicar información en línea, evitando hacer acusaciones falsas o utilizar un lenguaje denigratorio que pueda dañar la reputación de terceros.
Conclusiones:
La sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente importante en materia de derecho al honor y libertad de expresión en el entorno digital. Los ciudadanos y las empresas deben ser conscientes de los límites de la libertad de expresión y de las consecuencias legales de la difamación en línea.
