Nueva normativa refuerza la protección de expedientes administrativos como bienes históricos.

Castilla y León refuerza la protección del patrimonio documental: nuevo sistema dual para la salvaguarda de expedientes administrativos históricos

La protección del patrimonio documental administrativo se fortalece mediante un nuevo marco normativo que establece dos procedimientos diferenciados para su salvaguarda. Esta iniciativa surge de la necesidad de preservar documentos que constituyen parte fundamental de la memoria histórica institucional.

Doble nivel de protección

El nuevo sistema establece dos actos administrativos fundamentales:

  • Un primer acto de carácter estatal, que determina la naturaleza histórica del documento
  • Un segundo acto, competencia de las Comunidades Autónomas, para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)

Obligaciones de los propietarios

La normativa establece importantes responsabilidades para los poseedores de estos bienes documentales:

  • Deber de conservación y custodia
  • Sometimiento a inspecciones administrativas para verificar su estado
  • Obligación de obtener autorización previa para cualquier intervención
  • Deber de comunicación en caso de transmisión de la propiedad

Marco legal de referencia

La medida se fundamenta en el Artículo primero de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que establece la protección, acrecentamiento y transmisión del Patrimonio Histórico Español a las generaciones futuras. Este marco legal contempla diferentes niveles de protección según la categoría y relevancia de los bienes.

Medidas de protección especial

Entre las medidas más destacadas se incluyen:

  • Prohibición de exportación para bienes con más de cien años de antigüedad sin autorización expresa
  • Posibilidad de declaración de inexportabilidad como medida cautelar
  • Facultad de la Administración para realizar inspecciones y establecer medidas de conservación

Garantías procedimentales

La normativa incorpora importantes garantías procedimentales, incluyendo la posibilidad de recurrir las decisiones administrativas en los plazos establecidos, asegurando así la protección jurídica tanto de los bienes como de sus propietarios.

Esta nueva regulación representa un paso significativo en la preservación del patrimonio documental administrativo, garantizando su conservación para las generaciones futuras y reconociendo su valor como parte fundamental de nuestra historia institucional.

Para más información: Consejería de Cultura y Patrimonio Departamento de Patrimonio Documental

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