La sombra de la inflación se extiende por la economía española amenazando con opacar las luces de la incipiente recuperación de la crisis del Covid-19. El aumento del Índice de Precios del Consumo (IPC) al 3,3% al cierre de agosto, registrado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), comienza a encender las alarmas de los economistas. De consolidarse en estos niveles, la inflación puede terminar comiéndose unos 12.000 millones de euros del Presupuesto de 2021, por el sobrecoste que supondría sobre pensiones y sueldos públicos; arrebatando más de punto y medio de la capacidad adquisitiva de los asalariados y reduciendo en 28.000 millones el valor de los depósitos de las familias.
En este último caso la amenaza es silenciosa pero creciente. La pandemia ha sumido en la cautela a los hogares, que han disparado sus ahorros a máximos históricos en el último año. En total, las familias atesoran en depósitos bancarios unos 942.000 millones de euros en valor nominal, según las últimas cifras del Banco de España. El encarecimiento de la cesta de la compra, sin embargo, hace que el valor real de estos fondos vaya aminorándose. Con una inflación del entorno al 3%, semejante volumen de ahorro reduce su capacidad de compra en unos 28.000 millones.
A su vez, los últimos datos de incremento salarial pactado por convenio este año, del 1,5% de media a agosto, indican que los 5,3 millones de trabajadores afectados estarían perdiendo 1,76 puntos de poder adquisitivo frente al IPC. Además, solo el 18% de los 2.246 convenios vigentes incluyen cláusulas de garantía salarial que aseguren una revalorización –normalmente en línea con el IPC– a final de año. Los otros 14 millones de ocupados no sujetos a estos marcos laborales podrían tener que capear la inflación con mayor dificultad aún.
En suma, salvo que se traslade de forma inmediata a los salarios, resume María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, “el aumento de la inflación significa que el consumo se reducirá en términos reales, porque al subir los precios si las familias quieren mantener un determinado volumen de gasto nominal que se hayan puesto como objetivo tendrán reducir el volumen de bienes y servicios que consumen” por ese mismo dinero. “Si sube mucho la electricidad”, como es el caso, “tendrán que reducir su consumo eléctrico o, posiblemente, el de otros productos si no pueden prescindir de eso”, agrega.
A partir de ahí, el problema particular puede derivar en un freno general a la recuperación económica, advierte. “Si el gasto en consumo se ajusta para mantener el coste nominal, eso puede suponer menos crecimiento”, agrega. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro, donde asumen que el IPC se disparará por encima del 4% en los próximos meses, prevén que con un alza media de precios del 2,5% el aumento del consumo sea del 7,6%. Un avance que se verá mermado cuanto mayor sea el incremento del IPC, explica.
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