El departamento de recaudación de la Agencia Tributaria ha resuelto elevar de 30.000 a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias.
De esta manera, se podrá retrasar o fragmentar el pago de deudas de hasta 50.000 euros sin tener que dar explicación ninguna y sin tener la obligación de aportar garantías o avales al fisco.
Este cambio de criterio entrará en vigor el próximo 15 de abril sin efectos retroactivos, por lo que solo aplicará a los aplazamientos presentados a partir de entonces. viene recogido en una orden ministerial de Hacienda que se encuentra en información pública.
En la norma publicada, argumentan que es necesario actualizar esta cantidad porque los 30.000 euros vigentes se han quedado obsoletos debido al contexto económico, que ha generado «enormes dificultades» en la economía doméstica y en los distintos sectores de actividad por el choque de la oferta y el incremento de los precios derivado de la guerra en Ucrania, «sin olvidar que todavía perduran los efectos» de la pandemia de Covid-19.
El ámbito de aplicación de la orden hace referencia a las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas gestionadas por la Agencia Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública estatal.
Además, se aplicará a los tributos estatales cedidos a las comunidades autónomas, que tendrán que actualizar la cifra. Asimismo, no se exigirán garantías en las deudas que no excedan de 50.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago, detalla el texto.
También, a efectos de determinar el importe de deuda señalado, se acumulará tanto el pasivo al que se refiere la propia solicitud como el resto de obligaciones del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento.
Este cambio que impulsa Hacienda es bien recibido por Ignacio Arráez, miembro del Grupo de Expertos en Derechos y Garantías de los Contribuyentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «Teniendo en cuenta la inflación y la situación económica es conveniente actualizar estas cantidades», expone, recordando que los principales beneficiarios serán los pequeños contribuyentes, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.
A su vez apunta, también saldrá ganando la Administración, ya que se reducirán todos los procedimientos vinculados al examen de una solicitud de aplazamiento, que también tienen un coste económico.
En esta misma dirección se posiciona la Asociación de Inspectores de Hacienda: «Teniendo en cuenta la inflación y la situación por la que están pasando muchas pymes y autónomos ante la subida generalizada de precios en materias primas y suministros, esta iniciativa puede ayudar a aliviar tensiones de tesorería en un momento difícil». La medida también favorece a la Administración, que podrá «tramitar más cantidad con menos recursos».
