El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las prestaciones para autónomos afectados por la crisis. Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,6% hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas.
El Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron anoche un acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, un mes más de lo que estaba previsto inicialmente. Se trata del sexto acuerdo que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia.
Las partes han acordado mantener durante el mes de octubre las condiciones vigentes actualmente, de forma que los actuales ERTE se prorrogarán un mes más. A partir de entonces, del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, entrará en vigor un nuevo esquema en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.
En concreto, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.
En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores.
Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo. Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el objetivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.
Durante el mes de octubre las empresas que quieran continuar aplicando ERTE en los meses posteriores tendrán que cursar una nueva solicitud de ERTE, que se regirá por el nuevo esquema en vigor desde el 1 de noviembre. Si no reciben respuesta de la autoridad laboral, el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo.
Cinco Días
