A lo largo de los próximos tres años, el Gobierno proyecta elevar la presión fiscal hasta el 40,6% a lo largo de los próximos tres años.
El documento que el Gobierno remitió la pasada semana a Bruselas dibuja una estrategia que permitirá seguir incrementando de manera sostenida los ingresos tributarios.
El año pasado ya fue un año récord para la recaudación, las administraciones públicas recibieron 570.521 millones de euros gracias al ímpetu del empleo, al aguante del consumo y al efecto secundario del despegue de la inflación.
El plan remitido a la Comisión Europea prevé aumentar esa cifra en 2026, gracias a una mayor fiscalidad directa a través de impuestos como el IRPF, Sociedades, o sucesiones o donaciones, es decir, aquella que afrontan trabajadores y empresas.
Concretamente, la presión de estos tributos se incrementará del 12,4% de 2022, al 14,3% previsto para 2026, según el Programa de Estabilidad redactado por el Ministerio de Asuntos Económicos.
A corto plazo, el Ejecutivo calcula elevar la presión de estos ingresos en ocho décimas, hasta el 13,2%, gracias «al nuevo tipo mínimo y la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades», según detalla el documento.
Enfrente, la estrategia reduce la presión de los impuestos indirectos sobre los consumidores.
Se recorta una décima cada año el peso de figuras, lideradas por el IVA, hasta llevarlos al 11,8% en 2026, desde el 12,1% marcado en 2022.
Esta rebaja restará 3.971 millones a la recaudación dentro de tres años. En su conjunto, los ingresos previstos por el total de impuestos subirán del 24,9% del año pasado al 26,5% previsto para 2026.
Dentro de la cifra total, Economía cuenta con el efecto de los gravámenes temporales aprobados el pasado año, pero que comenzará a contabilizarse este 2023.
En estos se incluyen las tasas a los sectores energético y bancario, y el impuesto a las grandes fortunas. Hacienda espera recaudar 3.000 millones este año a través de los primeros, la Agencia Tributaria confía en ingresar 10.000 millones hasta 2024 gracias al segundo.
A estos números de Moncloa se suma la evolución prevista de las cotizaciones sociales, que el año pasado dejaron 179.971 millones en las arcas públicas.
El plan firmado por la vicepresidenta Calviño espera que la buena evolución del mercado laboral permita que, ya en 2024, esta partida sume 5.293 millones de euros al pasar del 13,6% de 2022 al 14% estimado para el próximo año, aunque el mayor escalón está previsto para este ejercicio, «Las cotizaciones sociales registran un crecimiento del 9% en 2023, alcanzando el 13,9% del PIB, debido al buen comportamiento del empleo ya observado en el primer trimestre del año, a la mejora, y a constatable de las condiciones de contratación impulsada por la reforma laboral, y a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)», detalla el informe.
Este aumento de ingresos procedente de las cotizaciones contiene en la ecuación la creación de 1,1 millones de empleos prometidos para 2026. «El mercado laboral mantendrá su dinamismo a lo largo del periodo de previsión, con la creación de más de un millón de empleos adicionales y el descenso de la tasa de paro por debajo del 10% en 2026», asegura el documento, que rebaja la tasa de desempleo estructural del 10,3% de 2022, al 9% que se estima dentro de tres años.
Momentáneamente, los datos de empleo siguen la senda dibujada por el Gobierno. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anticipó ayer que la Seguridad Social sumo 400.000 afiliados nuevos a cierre del primer cuatrimestre.
El catálogo de pronósticos del documento parte de un año, 2022, en el que la recaudación batió todos los pronósticos.
El Ejecutivo no oculta la influencia que la inflación tuvo sobre las cifras, no obstante, solo otorga cinco puntos del aumento de los ingresos tributarios al encarecimiento extraordinario de los precios.
