Superada la batalla de las enmiendas a la totalidad que habrían tumbado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Gobierno afronta ahora la guerra de guerrillas de las enmiendas parciales en las que cada grupo parlamentario plantea sus exigencias particulares para avalar las cuentas. Mientras que varios grupos ponen el acento en mejorar la dotación destinada a reforzar el papel de las lenguas cooficiales, otros como PNV o Teruel Existe ponen el foco en reclamar un mayor volumen de inversiones en sus territorios. De las más de 5.000 enmiendas registradas destacan, por su cantidad y calado, las presentadas por ERC, que pide a cambio de su apoyo una importante batería de medidas tributarias y la creación de fondos de apoyo a las regiones o de compensación a los ayuntamientos por los ingresos perdidos del impuesto de plusvalía.
En este último terreno, en el que el Gobierno acaba de modificar el tributo para corregir la nulidad de su método de cálculo recientemente dictaminada por el Tribunal Constitucional, el grupo de Gabriel Rufián exige la creación de tres mecanismos de compensación. En primer lugar, “un fondo extraordinario, dotado con 1.500 millones de euros, en favor de los ayuntamientos para compensar la pérdida de recaudación” ocasionada por el reciente fallo judicial. Alegan que el tributo aporta unos 2.700 millones anuales a las arcas municipales (el 12% de sus recursos) y que el Ejecutivo debió corregir el tributo antes, pues el Constitucional lleva anulando sus artículos desde 2017.
En segundo lugar, propone crear un “fondo permanente” que compense a los municipios por la reducción de ingresos que genere la reforma del método de cálculo que entra hoy en vigor. Como adelantó este diario, y reconocía ayer la FEMP, el nuevo modelo restará potencia recaudatoria al tributo.
Por último, ERC plantea un “mecanismo extraordinario de financiación sin intereses” para dar liquidez a los ayuntamientos que sufran tensiones de caja por la pérdida de ingresos del impuesto de plusvalía.
Cinco Días
