El mecanismo de protección que ha estado en vigor desde 2020 y que restringe la libertad de los inversores extranjeros para adquirir empresas estratégicas en España, no solo no se ha suavizado tras la disminución del impacto de la pandemia en la valoración de los activos, sino que está facilitando una intervención cada vez más agresiva por parte del Gobierno en operaciones de diversos sectores, como los medios de comunicación, la tecnología y la infraestructura.
Como indican los datos del Ministerio de Industria, en el año 2022 se produjo un aumento significativo en el número de adquisiciones sujetas a autorización previa, así como en el número de expedientes que generaron preocupación en el Consejo de ministros, lo que llevó a la imposición de vetos o condiciones.
Concretamente, el comité de inversiones extranjeras (un organismo interministerial encargado de analizar las solicitudes de adquisiciones extranjeras) supervisó 83 transacciones (28 más que en 2022), y de estas, el Gobierno de Pedro Sánchez vetó una de ellas (el aumento de la participación de Vivendi en Prisa al 29,9%) y estableció condiciones en otras nueve. En los dos años anteriores, no se había prohibido ninguna inversión extranjera y solo se habían impuesto condiciones en una adquisición en 2020 y en seis en 2021.
El Gobierno no proporciona detalles sobre las operaciones que fueron condicionadas debido a su supuesto impacto negativo en la gestión de activos estratégicos. Algunas fuentes legales señalan que el análisis de las operaciones es muy arbitrario y que algunos inversores no saben a qué enfrentarse al presentar una transacción.
En un informe, el Ministerio de Industria reconoce que no existe «un catálogo estandarizado de medidas de mitigación» y que «en la práctica, el diseño de estas medidas depende de las características específicas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas».
El pasado año, entre esas condiciones hubo «medidas encaminadas a garantizar el suministro de determinados bienes o servicios fundamentales, para limitar el acceso del inversor a información sensible o para evitar la pérdida de soberanía en ciertos ámbitos».
En 2021, la operación más significativa a la que se pusieron condiciones fue la entrada del fondo australiano IFM en el capital de Naturgy. El Gobierno considera que el aumento de transacciones analizadas y sometidas a remedios se debe «al mayor dinamismo de la inversión durante el año pasado». Los flujos de dinero extranjero en España alcanzaron los 34.178 millones de euros en 2022, un 13,9% más.
Respecto al origen de los inversores extranjeros que tuvieron que pedir autorización al Gobierno en 2022, existe un claro liderazgo de los estadounidenses, que supusieron un 45% del total, por delante de británicos (13%), chinos (7%) y los procedentes de los Emiratos Árabes Unidos (7%).
A pesar de que de manera provisional hasta diciembre de 2024 los inversores europeos también están sometidos a este régimen de suspensión de inversiones, solo 3 operaciones sometidas al control el año pasado fueron protagonizadas por sociedades de la UE. Esto se explica porque el umbral a partir del que una compra europea debe ser analizada es más duro que para el resto del mundo (tiene que superar los 500 millones de euros o implicar la adquisición de más de un 10% de una cotizada española).
