En comparación con otros países de la Unión Europea, España grava las ganancias de capital obtenidas por la venta de acciones con un impuesto más alto.
La tasa máxima de impuesto que Hacienda pone a estos beneficios es del 26%, lo que supone un aumento de 6,45 puntos por encima de la media comunitaria del 19,55%.
No obstante, algunos países de la UE han optado por mantener este impuesto fuera de su sistema fiscal para atraer inversión, como República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y Bélgica. Solo Bélgica, que en 2021 implementó un impuesto del 0,15% sobre los instrumentos financieros que se negocian en bolsa, aplica algún tipo de tasa sobre estas operaciones.
Pero, solo Luxemburgo y Suiza no aplican el gravamen en ninguno de los supuestos, aunque este último no forma parte de la UE.
En el resto, el impuesto se activa de alguna u otra manera. Bélgica grava las ganancias si tienen consideración de renta profesional, República Checa lo hace si las acciones se mantuvieron menos de tres años, Eslovaquia rebaja ese periodo de exención a un año, un caso muy similar al incluido en la normativa turca.
Finalmente, Eslovenia mantiene un tipo máximo del 27,5% siempre que el activo se haya mantenido al menos 20 años.
Según los datos elaborados por Bloomberg Tax y PWC, Dinamarca continúa siendo el país con el tipo de rendimientos más alto entre aquellos que forman la OCDE.
Esten socio de la UE, grava estos beneficios con una tasa del 42%.
Fuera del espectro de la comunidad europea destaca Noruega, con un tipo al 35,2%. Por otro lado, entre los países próximos a España, Francia cuenta con un impuesto sobre las ganancias de capital máximo del 34%, que afecta a aquellas personas con altos ingresos, para el resto el gravamen es del 30%. En el polo opuesto se sitúan Grecia y Hungría, que firman las tasas más bajas, del 15%.
El impuesto actúa cuando una persona vende un activo para obtener una ganancia por la venta de una acción.
El sistema tributario español cuenta con varios tramos que gravan las transacciones de títulos, en función de la plusvalía obtenida. Si el beneficio obtenido se sitúa entre los 0,01 y 6.000 euros, el impuesto grava el 19%.
Entre 6.000 y 50.000 euros, Hacienda actúa sobre el 21%. Entre 50.000 euros y 200.000 euros, sobre 23%. La tasa marginal del 26% se activa en aquellas plusvalías superiores a 200.000 euros. «En muchos países, los ingresos por inversiones, como los dividendos y las ganancias de capital, se gravan a una tasa diferente que los ingresos por salarios», relata Cristina Enache, autora del Índice de Competitividad Fiscal Regional de España y economista de la Tax Foundation.
No es la única normativa fiscal a la que están sujetos los inversores en España. El sistema fiscal español grava también la repatriación de los dividendos de los accionistas residentes en territorio nacional.
Un impuesto que ganó notoriedad después del anuncio en el que la dirección Ferrovial decidió trasladar su sede de Madrid a Países Bajos. La iniciativa fue respaldada, poco después por la Junta de Accionistas de la compañía que preside Rafael del Pino.
El Gobierno aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 una reforma en el Impuesto de Sociedades que limita la exención del 100% en la repatriación de los dividendos.
Esta medida, en vigor desde hace dos años. Reduce la exención al 95%, ese 5% de diferencia se integra en la base imponible y tributa al 25%, por lo que debe pagarse el 1,25% de esos dividendos.
