Extremadura ha dado un paso audaz para aliviar la carga tributaria de sus contribuyentes y promover el bienestar económico con la aprobación del Decreto-Ley 4/2023, de 12 de septiembre. Este paquete de medidas fiscales, que entra en vigor el 15 de septiembre de 2023, tiene como objetivo principal incrementar la renta disponible de los contribuyentes a través de reformas significativas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Una de las principales reformas incluidas en este decreto es la rebaja de los primeros tramos de la escala autonómica del IRPF, lo que significa que las rentas más bajas verán una disminución en su carga fiscal.
Además, en el ámbito del IRPF, la comunidad autónoma ha elevado la deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual del 5 % al 30 %, aumentando también el límite de esta deducción de 300 a 1.000 euros. En el caso de arrendamientos en zonas rurales, el límite se eleva aún más, alcanzando los 1.500 euros. Estos cambios facilitarán el acceso a la deducción al ampliar los límites de las bases imponibles.
En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, Extremadura ha introducido una bonificación general del 100 % sobre la cuota resultante, después de aplicar las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa estatal. Esto significa que aquellos contribuyentes con cuotas positivas experimentarán un alivio sustancial en su carga tributaria.
El Decreto-Ley 4/2023 también establece que durante el ejercicio 2024 se mantendrán las mismas bonificaciones en tasas y precios públicos, así como los mismos tipos de gravamen reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de viviendas medias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además, se mantendrá la bonificación del canon de saneamiento prevista en las disposiciones de presupuestos generales para 2023.
Finalmente, este decreto deroga tanto el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte como el Impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, allanando el camino para una simplificación y alivio fiscal en la región. Estas medidas reflejan el compromiso de Extremadura de apoyar a sus ciudadanos y promover el acogimiento familiar, al tiempo que alivian su carga tributaria.
