El informe preparado por el Comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda recoge numerosas propuestas para la reforma del sistema fiscal español.
Respecto a los grandes patrimonios, varias propuestas podrían ser objeto de análisis y reflexión de cara a futuras planificaciones, sobre todo aquellas introducidas en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
En cuanto con el IP, el Comité de expertos respalda su mantenimiento y analiza algunos de los problemas que se plantean con la actual configuración del impuesto como son la evasión fiscal, la deslocalización interna o internacional, la utilización de sociedades como «refugio de titularidad» o la nueva representación de bienes y derechos como son los cripto activos.
A su vez, hacen constar las deficiencias del impuesto en cuanto a los criterios de valoración, no siempre sencillos de aplicar, haciendo hincapié en las sociedades patrimoniales y los inmuebles.
Respecto a las exenciones, se defiende el mantenimiento tanto de la exención aplicable al patrimonio empresarial y profesional como a la vivienda habitual; pero revisando la conveniencia y adecuación de cada una a fin de evaluar su efectividad. Cabe destacar la referencia a la sobreimposición de los inmuebles e invita a evaluar fórmulas de ajuste que permitan reducir este efecto para los contribuyentes gravados por el IP.
Revisión al alza del límite conjunto
No se olvida el informe de los límites de gravamen y el mínimo exento, invitando al legislador a la revisión al alza del límite conjunto IRPF-IP, incrementando el porcentaje actual máximo del 60% de la base del IRPF hasta el 70% así como el porcentaje de la cuota mínima del 20% hasta el 30%. Así mismo , también se propone el incremento del mínimo exento actualmente fijado a nivel estatal en 700.000, hasta el millón de euros, con una escala progresiva que quedaría fijada entre el 0,5 y el 1%.
En relación con el otro de los grandes impuestos que tantas disparidades causa en nuestro país, el ISD, el Comité defiende la necesidad de mantenerlo dado que considera que grava una manifestación directa de capacidad económica -los incrementos patrimoniales obtenidos por personas físicas- sin perjuicio de las propuestas introducidas en su informe.
Respecto a dicho tributo, se vuelve a poner de manifiesto como deficiencias la elusión y la evasión, así como los problemas por la deslocalización del capital, defendiendo el mantenimiento de las reducciones más relevantes en el ámbito de este impuesto como son los beneficios de la empresa familiar, si bien valorando la introducción de importes máximos. Igualmente, se propone la implementación de un mínimo exento estatal (entre 120.000 y 250.000 para cónyuge, descendientes y ascendientes) eliminado las reducciones por parentesco, así como la supresión del ajuar doméstico.
Así mismo es también objeto de análisis la tarifa del impuesto. El Comité entiende que, si bien debe mantenerse una escala progresiva, esta debería simplificarse: la propuesta introducida para cónyuge, descendientes y ascendientes sería del 5% para una base de hasta un millón, el 10% para bases entre uno y cinco millones y un 15% para bases por encima de cinco millones, suprimiendo los coeficientes multiplicadores.
Se aboga por la búsqueda de nuevas fórmulas de flexibilización del pago del impuesto que reduzcan la problemática derivada de la falta de liquidez, realidad muchas veces complicada que conlleva incluso la renuncia por parte de los herederos.
Finalmente , respecto a la competencia fiscal de las comunidades, el Comité se orienta de forma clara por una armonización entre todas ellas de forma que, aunque manteniendo las competencias, se establezcan unos límites mínimos y máximos.
