Se está generando una alarma entre las empresas que invierten en innovación y las consultoras especializadas, ante los obstáculos de la Agencia Tributaria a la hora de aplicar las deducciones en el impuesto de Sociedades para este tipo de proyectos y que el propio Ministerio de Ciencia ha supervisado previamente.
El sector clama contra la falta de seguridad jurídica, algo que perjudica a una actividad que es fundamental para que España avance en la modernización de su sistema productivo.
El beneficio fiscal consiste en deducir de la cuota de Sociedades el 25% de los gastos dedicados a I+D -ampliable hasta el 42% para gastos de personal investigador- y del 12% de los destinados a la innovación tecnológica, si bien existen ciertos límites máximos.
El presidente de la Asociación de Consultoras Españolas Especializadas en la Financiación de la I+D+i (Afidi) y director de estrategia de servicio de la firma catalana Fi Group, Víctor Cruz, aseguran que esta situación de «imprevisibilidad» supone todo un dolor de cabeza para las compañías. «El mundo empresarial se siente indefenso y es la propia Administración quien emite tesis contradictorias», expone el socio director de Iplus-F, Florentino Saludes.
Tanto Cruz como Saludes aseveran que en ningún caso se trata de un problema jurídico, ya que la normativa que regula este punto es «buena» y las deducciones que incorpora para incentivar la innovación son «suficientes». «El problema son los obstáculos de la Agencia Tributaria, que está abriendo inspecciones fiscales a las empresas que han aplicado una bonificación», precisa Cruz. Esta situación se produce especialmente en innovación, y en menor medida, en la I+D.
Los dos consultores entenderían las objeciones de Hacienda en otro contexto, si como ocurre en otros países europeos, estas deducciones se aplicasen tras una autoliquidación. Pero, desde 2003, un real decreto que se aprobó con el objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica a la aplicación de este tipo de deducciones puso en marcha un nuevo instrumento: el informe motivado.
En este informe, son agentes externos como auditorías especializadas, economistas y profesores universitarios los que certifican los proyectos que piden tener un trato fiscal diferente y también cuál va a ser su impacto económico real. Los profesionales que participan en estos trabajos deben estar acreditados por una autoridad designada por el Gobierno: la Entidad Nacional de Certificación (Enac).
«El ejercicio de transparencia de las empresas choca con la arbitrariedad de Hacienda», señala Saludes. «Proteger el carácter vinculante de los informes motivados y la certificación obtenida por el Ministerio de Ciencia no solo es correcto, es lo necesario» para poner fin a la «posición de desventaja» del sistema de ciencia, tecnología e innovación de España en relación a otros países europeos.
Ambos expertos citan el caso de Francia: su PIB duplica al español, pero sus incentivos al gasto empresarial en I+D+I ascienden a los 6.000 millones de euros, frente a los 662 millones que presupuestó el Estado en 2021. No obstante, las deducciones que generaron las empresas fueron mayores: 680 millones.
