El más significativo de ellos, se traduce en un impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), que ya se había anticipado y con el que predicen recaudar 2.000 millones de euros al año.
Y otro impuesto excepcional, a las grandes entidades financieras que se están empezando a beneficiar de la subida de tipos. Estará en vigor durante dos años y calcula el Gobierno que permitirá recuperar 1.500 millones de euros anualmente. «Los beneficios no caen del cielo, sino de los bolsillos de los consumidores», señaló Pedro Sánchez .
Esto supone que despojará a las entidades del 8,5% de los 17.700 millones de euros que los analistas proyectan que ganará la banca cotizada este año (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) y otro 7,9% de los 18.900 millones estimados para 2023. El escueto anuncio provocó un terremoto en bolsa que se tradujo en pérdidas para sus accionistas del doble de la recaudación prevista -la capitalización conjunta sucumbió en 5.300 millones-.
Sánchez justificó que gravará «a las entidades financieras que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés», algo que las patronales se apresuraron a cuestionar.
«Conviene recordar que la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva, y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades», indicó la CECA ( Asociación bancaria ), subrayando que «es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria».
Para el portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano, la medida refleja «la improvisación jurídica» en que opera «un sector tan importante para la economía y la sociedad». Declaró que «distorsiona el mercado» porque, entre otras cosas, no hay impuestos así en los principales mercados europeos, lamentó que el sector «no ha sido consultado ni informado», y contradijo, que la simple subida de tipos vaya a mejorar la rentabilidad del sector porque busca doblegar la inflación y podría desacelerar la economía.
Solamente con estas dos medidas el presidente Sánchez espera recaudar del orden de 3.500 millones de euros al año, 7.000 millones en el conjunto de los dos años en que se prevé se apliquen estos nuevos impuestos.
No ha detallado, en todo caso, la fórmula que guiará estos nuevos tributos, aunque anteriormente sí ha explicado que el Gobierno está buscando adaptar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas que ya aplica Italia.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado después, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, que estos impuestos gravarán los beneficios de empresas con más de mil millones de euros de facturación.
