En el año 2023 se va a producir un incremento sin precedentes las inspecciones de trabajo, impulsadas por el uso de las nuevas tecnologías y por una serie de cambios legales que elevan tanto el margen de actuación como la cuantía de las sanciones.
Las empresas manifiestan su indefensión ante lo que consideran una «criminalización» de su actividad impulsada por la cercanía de las elecciones.
El último Comité Ejecutivo de la CEOE sirvió para poner de manifiesto el malestar de los patronal por la deriva tomada por el Ejecutivo de coalición y los partidos que la conforman, que han iniciado la precampaña con un redoblado ataque a los empresarios.
Así, la inspección de Trabajo, ha arrancado el año con una operación en las grandes consultoras para controlar sus horas extra, aunque los expertos auguran que esto solo es el principio de una revolución que convertirá a las inspecciones en uno de los principales ‘riesgos’ para las empresas en este año.
Será decisivo, el uso de las ‘ciber-inspecciones’ mediante algoritmos que tendrán como pilar, entre denominada Herramienta de Lucha Contra el Fraude (HLF) con la que el propio ministerio de Trabajo afirma que alcanzar a «todo el universo de contratos», con el foco puesto en los contratos temporales, a tiempo parcial y fijos discontinuos (que conllevarán un mínimo de 20.000 inspecciones).
Para el resto de objetivos de la Inspección, los Presupuestos también se recogen incrementos significativos de las actividades respecto a los años anteriores. Resaltan las relativas la discriminación de género, que se elevan a 100.000 respecto a las 35.500 ejecutadas en 2022.
No obstante, es el creciente uso de instrumentos como la HLF, que permiten los cruces de datos con la Agencia Tributaria, el SEPE y la Seguridad Social los que marcarán la gran diferencia.
Consiste en una automatización en toda regla que no ha gustado a los propios inspectores, que estos días protagonizan una movilización histórica contra el Ministerio por sus condiciones laborales y la falta de recursos con los que cuentan.
Aprecian la nueva innovación tecnológica, pero advierten de que los procesos necesitan ser verificados por un profesional humano para evitar errores, y esto añade carga de trabajo que no puede cubrir ni siquiera con las promesas de mayor presupuesto e incremento de 600 efectivos en la plantilla que ha hecho Díaz.
A este respecto, la idea de utilizar algoritmos y Big Data puede ser una forma de multiplicar el alcance de la Inspección sin incrementar la plantilla puede convertirse en un arma de doble filo a medio plazo, en forma de recursos y anulaciones de sanciones con errores.
También, continúa el debate sobre si equivale a una autorización administrativa previa como la suprimida por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, todos los laboralistas dan por hecho que estos informes contribuirán a judicializar aún más los despidos.
