A casi dos años del estallido de la pandemia se observa un empeoramiento en los principales indicadores de la calidad de vida de los españoles, que hasta ese entonces habían ido superando poco a poco los estragos de la crisis de 2008. Trece años después, se ha disparado la tasa de privación material severa, los retrasos en los pagos de vivienda y el número de personas incapaces de acceder a los servicios sanitarios. A medida que ha caído la tasa de empleo, ha aumentado la del paro y el porcentaje de población en riesgo de exclusión social. Así lo confirman los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A nivel nacional, la tasa de empleo en España en 2020 fue del 48,5%. Es el peor dato desde 2016, cuando se situó en el 47,6%. Desde ese entonces, se había observado una recuperación que alcanzó su máximo en 2019, cuando llegó al 50,4%. Ceuta (42,5%), Extremadura (42,5%), Asturias y Andalucía (ambas con 43,0%), han sido las regiones más afectadas. En cambio, Madrid (54,4%), Cataluña (52,7%) y La Rioja (52,1%) han superado la media nacional. Se observa además una enorme brecha entre sexos y nacionalidades; en el primer caso beneficia a los hombres, cuya tasa de empleo fue del 54,2% en 2020 mientras que la de las mujeres fue del 43,1%. En el segundo caso, beneficia a los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea, que superaron por casi 10 puntos (57,8%) la media nacional.
La tasa de paro también ha aumentado más de un punto porcentual de un año a otro, al pasar del 14,1% en 2019 al 15,5% en 2020. España duplica con esta cifra la media europea, cuya tasa de desempleo se situó en 7,2% en 2020, según datos de Eurostat citados por el INE. Por regiones, el mayor número de desempleados están en Ceuta (24,5%), Melilla (23,8%) y Canarias (22,6%), y una vez más, las mujeres son el sexo más afectado, con un 17,4% de paro frente al 13,9% de los varones.
La destrucción del empleo ha provocado que el dinero no alcance: 26,4% de la población residente en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020, un punto más que el año anterior. Este indicador, mejor conocido como la tasa AROPE por sus siglas en inglés, mide la desigualdad, no la pobreza absoluta, y se construye a base de tres criterios, de los cuales dos de ellos han aumentado. Así, el porcentaje de población en situación de carencia material severa subió del 4,7% en 2019 al 7,0% en 2020 y el que se situó por debajo del umbral de riesgo de pobreza pasó del 20,7% al 21,0%.
De estos datos, el más alarmante es el de la carencia material severa, que aumentó más de dos puntos respecto a 2019 y se situó sólo una décima por debajo del 7,1% que se alcanzó en 2014. Se trata de 3,3 millones de personas que, según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2020 no podían hacer frente a todos los gastos. De los nueve conceptos que determinan esta condición, los que más empeoraron fueron los relacionados al pago de una vivienda, la calefacción en el hogar y el comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En un plazo de 12 meses, el porcentaje de residentes en España que no pudo comprar una de estas proteínas pasó del 3,8% al 5,4%.
A nivel nacional, un 13,5% de la población ha incurrido en retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, ya sea el alquiler, la hipoteca, las cuentas de los suministros o alguna compra aplazada. A ello se suma que el 10,9% de la población no pudo permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada; tres puntos (7,6%) por encima de 2019. Si se considera el tipo de hogar, se observa que el más afectado por estos indicadores es aquel que está formado por un adulto solo con hijos dependientes (20,1%). También es el colectivo que más riesgo tiene de caer en la pobreza o exclusión social (49,1%).
La pandemia también ha dejado secuelas en el sistema sanitario. En 2020, un 0,4% de la población de 16 años en adelante no recibió asistencia médica pese haberla necesitado. Aunque puede parecer un porcentaje mínimo, el análisis empeora si se considera que desde 2006 la cifra no excede el 1% y que el año pasado duplicó la tasa que se venía manejando en 2018 y 2019. Entre las razones que dieron los entrevistados destacan tres: problemas en la lista de espera, estar muy lejos para acceder y ser muy caro.
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