La coyuntura, con una guerra que dispara los precios energéticos cuando aún no se ha superado el impacto económico de la pandemia, no parece acompañar los planes de subidas de impuestos de España y Europa, ni a corto ni a medio plazo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nada más recibir el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria se apresuró a descartar cualquier alza fiscal inminente, y así lo ratificaron ayer, a nivel comunitario, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), incapaces de pactar la adopción del nuevo tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades pese a que arrancaron la reunión retrasando su puesta en marcha del 1 de enero de 2023 al mismo día de 2024.
El objetivo es que eleve la recaudación mundial en unos 150.000 millones de dólares y se calcula que en España afectará a la mitad de los 120 mayores grupos empresariales.
Se trata, concretamente, del llamado Pilar 2 del acuerdo de la OCDE, que pasa por fijar un tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el beneficio de las compañías que facturen más de 750 millones de euros anuales
Su puesta en marcha en Europa ha estado llena de baches, entre otras cosas por la negativa inicial de países reacios a prescindir de las políticas de baja fiscalidad que les han permitido atraer a grandes multinacionales, como es el caso de Irlanda. Superadas sus reticencias la hoja de ruta de la Unión Europea pasaba por acordar este año una directiva comunitaria a trasponer por los diferentes Estados miembros que permitiera aplicar la medida desde el 1 de enero de 2023.
Sin embargo, este paso requiere del acuerdo unánime de Los Veintisiete y los intereses ya contrapuestos de varios países, unidos ahora a la convulsión económica desatada por la invasión rusa de Ucrania y la escalada vertical de los precios en general y los de la energía en particular, han complicado el pacto.
Francia, que preside actualmente la UE, consciente de la falta de consenso, acudió a la cita con un nuevo borrador en el que directamente se optaba por retrasar la puesta en marcha del tipo mínimo hasta el 1 de enero de 2024.
