Las reformas legislativas operadas por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, orientadas a la mejora de la eficiencia digital de la Administración de Justicia y a la agilización de los procesos judiciales, entraron en vigor hoy, 20 de marzo de 2024.
Estas reformas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo reparar los daños causados por la crisis del COVID-19 y mejorar la sostenibilidad del país en diversos ámbitos.
Las principales novedades incluyen:
Implementación de herramientas electrónicas: Se establece la obligatoriedad de usar medios electrónicos para la presentación de escritos, recepción de notificaciones, remisión de expedientes administrativos y otras actuaciones.
Priorización de la presencia telemática: Se establece la preferencia de la participación telemática en los actos procesales, como las audiencias y los juicios.
Adaptaciones para personas con discapacidad: Se introducen medidas para garantizar la comunicación, comprensión e interacción con el entorno de las personas con discapacidad.
Agilización de los procedimientos: Se modifica el contenido de las demandas, se simplifican los trámites y se establecen plazos más cortos para la resolución de los casos.
Digitalización de la documentación: Se regula la documentación electrónica de las sesiones del juicio oral y de otras actuaciones orales.
Mejora del sistema de notificaciones: Se crea el Tablón Edictal Judicial Único, donde se publicarán las notificaciones y edictos.
Modificaciones en las leyes procesales: Se reforman la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de la Jurisdicción Social para adaptarlas a las nuevas necesidades.
Análisis:
Las reformas para la digitalización y agilización de la Justicia son un paso importante para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la celeridad de los procesos judiciales.
Estas medidas permitirán a los ciudadanos y profesionales interactuar con la Administración de Justicia de forma más cómoda y rápida, y contribuirán a reducir la carga de trabajo de los juzgados y tribunales.
Sin embargo, es importante destacar que la aplicación exitosa de estas reformas dependerá de la inversión en infraestructuras tecnológicas, de la formación del personal y de la colaboración entre todos los actores del sistema judicial.
