La mesa del diálogo social en la que la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos negocian cómo reformar su sistema de cotización celebró ayer un nuevo encuentro que a pesar de ser “productivo” para el Gobierno terminó “sin grandes avances” para el resto de negociadores.
Como novedad, ayer se abordó la posibilidad, planteada por UPTA y UGT de acortar de nueve a seis años el plazo para implantar el nuevo modelo, siempre empezando en enero de 2023. La propuesta, que también podría ser secundada por Uatae, según fuentes de la negociación, concentraría en los tres primeros años la rebaja de las cotizaciones para los que ingresan menos de 1.125 euros al mes, y el mayor aumento de la cuota para los que tienen rendimientos netos (ingresos menos gastos fiscalmente deducibles) superiores a esa cantidad. Si bien, ayer acordaron que esta cuestión se debatirá, como el resto, en próximos encuentros a los que acudirán con nuevas propuestas.
El principal cambio respecto al actual sistema será que los autónomos dejarán de poder elegir su base de cotización y, por tanto, sus aportaciones al sistema de pensiones, y pasarán a pagar sus cuotas en función de sus ingresos reales. Precisamente, la acotación de lo que se considerarán ingresos reales es una de las cuestiones que ha llevado a la asociación de autónomos ATA a no haber presentado aún su propuesta, a pesar de que sí firmaron el acuerdo para negociar este cambio de modelo. La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, reclamó al Gobierno los datos desglosados de las declaraciones de los autónomos para poder elaborar su propuesta de tramos de cotización. “Nos han trasladado que han mantenido otra reunión con la Agencia Tributaria para intentar solventar uno de los grandes obstáculos: que los ingresos reales sean de verdad reales, y que la determinación de los rendimientos sirva para la configuración de los tramos y para la regularización”, explicó Ferrero.
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