En España, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social apenas cuenta con 3.200 efectivos frente a los más de 27.000 con los que cuenta la Inspección de Hacienda. Están en pie de guerra por la falta de personal y las distintas condiciones laborales y de trabajo dentro del propio organismo.
La falta de efectivos y lo que estos trabajadores consideran «agravios salariales» y «falta absoluta de medios humanos y tecnológicos para desarrollar su trabajo» han llevado a este cuerpo de la Administración a convocar su primera huelga general el próximo miércoles, 30 de marzo, se trata de la primera vez que se ha logrado constituir una plataforma unitaria de todos los sindicatos y asociaciones que los representan.
El motivo de sus protestas y movilizaciones – no es otro que exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo que firmó el pasado 7 de julio, en el que se sentaban las bases de este organismo tras su constitución en autónomo tras la separación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social.
Aunque el grueso de las negociaciones para intentar frenar esta huelga se está llevando a cabo con Trabajo, los convocantes culpan al Ministerio de Hacienda y Función Pública de no autorizar expresamente el desembolso del dinero (12 millones de euros) que ya está presupuestado y aprobado en las cuentas públicas de este año para que la Inspección mejore sus condiciones de trabajo, según fuentes de representantes del colectivo. Tras las últimas negociaciones con el Gobierno, la falta de garantías para el desembolso de esta cuantía destinada no solo a mejoras salariales, sino también al diseño de una carrera profesional dentro de la Inspección ha hecho que mantengan la convocatoria de huelga.
Sin embargo, desde la Administración aseguraban ayer que los ministerios de Trabajo y Hacienda ultiman una oferta para activar las mejoras para el colectivo, por lo que en el Ejecutivo no dan por terminada la negociación. En cualquier caso, el portavoz de Inspectores de Trabajo de CSIF, Miguel Ángel Montero, recordaba ayer que los sindicatos «siguen todos unidos» y confió en que «antes del día 30 el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, mueva ficha».
