Ursula von der Leyen antes de su llegada a la presidencia de la Comisión Europea allá por julio de 2019, prometió que si era elegida, impulsaría un marco legal que garantizase que cualquier trabajador del club comunitario percibiera un salario mínimo que le permitiese mantener un nivel de «vida decente».
Han tenido que pasar casi tres años para que la semilla plantada por Von der Leyen empiece a germinar. Lo hace con retraso porque en 2020 sobrevino la pandemia, con la que, sin solución de continuidad, se ha solapado después la crisis por la guerra en Ucrania.
Por fin, el Consejo Europeo y la Eurocámara han alcanzado un pacto político para fijar ese marco legal comunitario que promueva en los países miembros de la UE unos salarios mínimos adecuados «para garantizar un nivel de vida digno».
Ayer Von der Leyen comentó «Las nuevas reglas protegerán la dignidad del trabajo y asegurarán que el trabajo se pague», aunque el acuerdo, alcanzado por los negociadores técnicos, aún debe ser refrendado por los líderes de los 27 y el Parlamento Europeo.
La futura directiva no fija un umbral salarial mínimo para los 27, lo que sería poco menos que imposible ante la disparidad económica y de rentas en el bloque, sino que se limita a señalar la posibilidad de aplicar «valores de referencia indicativos comúnmente utilizados internacionalmente» como el 50% o el 60% del salario medio bruto de cada país.
De esta manera la norma, establece unas reglas de juego comunes en virtud de las que cada Estado miembro deberá evaluar si el salario mínimo fijado en su país es el adecuado para garantizar un nivel de vida digno atendiendo a las condiciones socioeconómicas, los niveles de productividad o el poder adquisitivo.
La norma obligará, no son recomendaciones, a los países del bloque a fijar un sistema de aplicación que incorpore mecanismos de control, supervisión e inspección «para garantizar el cumplimiento» y hacer frente a la subcontratación abusiva, el falso trabajo autónomo o las horas extra no registradas.
Actualmente, el salario mínimo existe en 21 de los 27 países del bloque. En los otros seis (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia), los niveles salariales se fijan mediante la negociación colectiva. En el caso de Italia, los sindicatos se apresuraron ayer a reclamar al Gobierno de Draghi que apruebe un salario mínimo en el país.
La horquilla es muy amplia, entre los que sí cuentan con un SMI; desde los 332 euros mensuales de Bulgaria, el país con el salario mínimo más bajo, a los 2.257 euros de Luxemburgo, el que lo tiene más alto. España, con 1.000 euros mensuales (1.166 si el total se divide en 12 pagas, como lo contabiliza Eurostat), es ya el séptimo país de la UE con el SMI más elevado tras la fuerte subida de 2019 (de 735,9 a 900 euros), a la que siguieron otras tres de menor cuantía. El sexto es Francia, con 1.603 euros al mes y el quinto Alemania, con 1.621.
Para la UE la negociación colectiva tiene que jugar un un papel importante a la hora de fijar salarios mínimos , por eso , establece que aquellos países en los que la tasa de cobertura de la negociación colectiva sea inferior al 80% deberán poner en marcha planes para elevar ese porcentaje. Bruselas parte de la premisa de que los países con gran cobertura de negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos sueldos más elevados.
