Contribuyentes, empresarios y asesores tributarios están expectantes hasta que mañana el comité de expertos académicos conformado por el Ministerio de Hacienda, haga público el libro blanco que servirá de punto de partida al Gobierno para impulsar la reforma fiscal.
Esta medida conforma, junto a la laboral y la de pensiones, el tercer pilar de las grandes remodelaciones estructurales pactadas por España con la Unión Europea a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación. Desde el pasado abril, los diferentes representantes del mundo tributario han ido presentando sus propuestas que aspiran a ver plasmadas en la hoja de ruta que se entregará al ejecutivo.
El comité de expertos para la reforma fiscal ha recibido medio centenar de propuestas de entidades y asociaciones; una decena de sugerencias de particulares; y 16 informes de las comunidades autónomas para complementar sus análisis. Pese a la disparidad de opiniones en algunos campos, todas coinciden en plantear algunas reclamaciones comunes que se enlazan en la petición concreta de que el Impuesto de Patrimonio sea suprimido y el deseo generalizado de que la reforma logre una mayor recaudación por fomentar el crecimiento económico en lugar de por conllevar una subida generalizada de impuestos.
Gregorio Izquierdo, director de Economía de la CEOE y director general del IEE comenta que «El problema del comité de expertos es que nace viciado por el diagnóstico previo del Gobierno de que lo que hace falta es subir impuestos, como si el paciente acudiera al doctor contándole la enfermedad y dirigiendo el tratamiento», también opina que lo prioritario sería impulsar una mejora de la actividad y las rentas para aumentar la recaudación, aumentar la seguridad jurídica del sistema tributario español, potenciar la lucha contra la economía sumergida, , y limitar la necesidad de ingresos abordando una evaluación en profundidad del gasto público.
En el ámbito del Impuesto de Sociedades, empresarios y fiscalistas coinciden en reclamar al Gobierno que vuelva a elevar al 100% la exención sobre dividendos y plusvalías de filiales que rebajó al 95% en el Presupuesto de 2021. Aunque, el año pasado solo recaudó 79 de los 473 millones de euros previstos, sus críticos denuncian que supone una doble imposición. «Tiene una justificación, fundamentalmente recaudatoria», aseveran en el REAF, instando a revertir la medida según se deje atrás la crisis. Otro terreno de confluencia en las propuestas es la petición de que el pago fraccionado mínimo sea eliminado, asegurando que las empresas no se vean obligadas a anticipar una cuantía excesiva que acaba superando la cuota definitiva a pagar.
