El pasado 1 de enero entró en vigor la primera fase de la reforma de pensiones que, entre otros temas, incluía un nuevo esquema de coeficientes penalizadores para las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.
Este nuevo esbozo, impulsado por el ministro, José Luis Escrivá, recoge dos novedades: la primera es que los recortes pasan a aplicarse por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y ahora son graduales en el tiempo, de forma que el retiro justo 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al momento del retiro legal ordinario.
Por ejemplo, alguien que hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses y se quisiera jubilar anticipadamente de manera voluntaria justo dos años antes de la edad ordinaria que le correspondería, esos 24 meses de adelanto le reportan ahora un coeficiente penalizador del 21%, esto es, se le recorta la pensión a la que tuviera derecho en ese porcentaje.
En el caso de que ese mismo trabajador espera a jubilarse un mes más (23 meses de adelanto) ese recorte pasa a ser del 17,60%; y si la espera es de dos meses (22 meses antes de su edad legal de jubilación), la penalización de su prestación sería del 14,67%; si son tres meses, del 12,57% y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si el retiro se produce solo un año antes (12 meses previos a su edad de jubilación) se le penaliza con un recorte de la pensión del 5,5%.
Los responsables de la Seguridad Social ya tienen los primeros resultados de cómo está funcionando este nuevo esquema penalizador de la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria (esta última tiene otra tabla de recortes diferente pero también nueva desde el pasado 1 de enero).
Con las cifras de jubilaciones anticipadas registradas entre enero y julio de este año, durante los primeros siete meses de aplicación de la nueva ley, el 57,1% de las jubilaciones anticipadas voluntarias se han retrasado dentro del trimestre, con lo que han aumentado la cuantía de su pensión respecto a la normativa vigente antes de esta reforma.
Así, el primer impacto de los coeficientes penalizadores estaría dando el resultado perseguido por el legislador, que no es otro que retrasar lo que se pueda, aunque sea uno, dos o tres meses los retiros anticipados para mejorar la financiación del sistema, porque con ello los trabajadores cotizan más meses y cobran algo menos de tiempo la pensión.
De acuerdo con estos datos manejados por la Seguridad Social para la elaboración de sus cuentas del próximo año, los trabajadores que acceden a este retiro anticipado voluntario desde un empleo estarían acogiéndose en mayor medida a estos retrasos para ser menos penalizados, ya que en este caso un 60% de las nuevas altas se produce unos meses después de lo que lo habrían hecho y rebajan la penalización.
En tanto que los trabajadores que no estaban en activo, sino cobrando el subsidio por desempleo, optaron en menor medida por esperar más tiempo para jubilarse, dado que cobraban bastante menos que lo que supondría su pensión. En este caso, el porcentaje que decidió retrasar su retiro anticipado fue del 43%.
Sin embargo, uno de cada tres jubilados anticipados que se dieron de alta en el sistema hasta julio de este año siguió sin retrasar su retiro ni siquiera un mes. Así, de las 18.143 nuevas altas de jubilación anticipada voluntaria registradas en este periodo 5.789 correspondían a trabajadores que se retiraron exactamente 24 meses antes de cumplir su edad ordinaria de jubilación. De este grupo, algo más de la mitad (52%) recibieron incluso mayor penalización de la que habrían obtenido con la legislación anterior.
