Esta sería la nueva cifra, de 1.082 euros al mes que, en teoría, permitiría mejorar las condiciones salariales sin poner trabas a la creación de empleo.
Pero, el gran problema es que la economía española es muy heterogénea, tanto entre los distintos sectores de actividad como geográficamente y, de hecho, hay 22 provincias donde la subida que se plantea el Gobierno ya llevaría el SMI por encima del 65% del salario medio, lo que podría provocar un fuerte freno del mercado laboral en estos territorios.
También, algo similar sucede en 8 de las 18 ramas de actividad. Todo ello pondría bajo amenaza la continuidad de la creación de empleo en una gran parte del mercado laboral español, de acuerdo con el estudio Repercusión de la subida del SMI en la pyme española, publicado ayer por la patronal Cepyme.
Resumidamente, el SMI de 1.082 euros al mes (con 14 pagas mensuales al año) alcanzaría el 82,3% del salario medio en Zamora, seguida de Ávila (80,2%), Badajoz, Salamanca (77,4% en ambos casos), León (75,6%), Alicante (75,4%), Segovia (73,9%), Toledo (73,5%), Jaén (73%), Córdoba (72,8%), Teruel (71,3%), Santa Cruz de Tenerife (71%), Las Palmas (70,6%) y Cádiz (70,5%), además de Cáceres, Granada, Murcia, Málaga, Pontevedra, La Rioja, Ourense o Guadalajara, más otras siete provincias se encontrarían también en esta situación si el Gobierno optara por elevar el SMI hasta los 1.100 euros al mes, tal como reclaman los sindicatos. Con esta medida, habría que incluir las provincias de Ciudad Real, Cantabria, Huelva, Huesca, Lugo, Baleares y Albacete.
Y algo análogo sucede también cuando se mira la situación por sectores, ya que el SMI ha rebasado los niveles recomendables (el 60% del SMI) en 8 de las 18 ramas en las que se divide el mercado laboral, donde incluso hay una mayor heterogeneidad.
De esta manera, el nuevo salario mínimo llegaría a alcanzar el 95,8% del sueldo medio en la hostelería, seguido de las actividades administrativas (83,5%), otros servicios (81,5%), arte y ocio (80,6%), comercio (68,9%), construcción (62,2%), educación (60,3%) y transporte (60,1%), mientras que otros dos sectores rebasarían esta barrera en el caso de que el incremento fuera hasta los 1.100 euros: las actividades inmobiliarias y el agua y el saneamiento.
Este impacto es muy elevado tanto geográficamente como por sectores, ya que cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en las provincias más vulnerables al incremento del SMI y casi seis de cada diez, en los sectores que podrían verse más perjudicados.
Todo esto significa que, de subirse el SMI hasta los niveles planteados por el Gobierno, el mercado laboral podría agravar su ralentización en los próximos meses, golpeado también por el frenazo del crecimiento económico que pronostican todos los organismos nacionales e internacionales.
Por ello, Cepyme calcula que «las fuertes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobadas por el Gobierno desde 2018 [un 41,3%, por encima de la mayoría de los países de Europa] han provocado que 71.600 trabajadores hayan perdido su empleo y ha evitado que otras 145.900 personas encontraran uno». En total, esto supone «la desaparición de 217.500 puestos de trabajo», recuerda el texto, según un recuente cálculo de la propia patronal.
Igualmente, este impacto se ceba con aquellos trabajadores que menos cobran y con las empresas que pueden pagar menos. Así, de los 217.500 puestos de trabajo perdidos, nueve de cada diez corresponden a mujeres, y también se vieron especialmente afectados los trabajadores no cualificados y aquellos que no contaban con experiencia previa, así como los asalariados ocupados en pequeñas empresas, que son las que conforman la mayor parte del tejido productivo.
