El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica, número 474/2023, de fecha 4 de julio, ECLI:ES:TS:2023:3034, en la que se aborda un tema crucial para los trabajadores y empresarios. La cuestión se centraba en determinar quién tiene la responsabilidad de demostrar el pago de salarios, especialmente cuando estos han sido abonados en dinero negro y de forma oculta.
La sentencia resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina, donde se discutía sobre quién debe probar el pago de salarios, cuando se reconoce la existencia de la relación laboral, pero se cuestiona la deuda salarial reclamada por el trabajador.
En este contexto, el Tribunal Supremo ha dictaminado que es el propio trabajador quien debe acreditar la existencia del hecho que determine el nacimiento de la obligación del empresario de abonar las retribuciones. Es decir, el trabajador deberá demostrar la existencia de la relación laboral, la prestación de servicios o la imposibilidad de llevarla a cabo por impedimentos imputables al empresario.
Una vez acreditado lo anterior, la carga de probar el pago de las cantidades reclamadas recae sobre el empleador, quien cuenta con todas las facilidades probatorias, como registros y asientos contables, para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones salariales.
En el caso planteado, donde no se discute la existencia de la prestación de servicios laborales, se concluye que el trabajador no tiene la necesidad de acreditar dicha circunstancia. Por lo tanto, la cuestión se centra en determinar si las cantidades han sido percibidas o no, siendo responsabilidad del empresario probar el pago, independientemente de la forma en que este haya sido realizado.
El Tribunal Supremo destaca que incluso si el pago se hubiera efectuado en metálico, la empresa puede presentar el recibo de cobro firmado por el trabajador como prueba. Además, hace hincapié en que la posible ocultación de salarios en dinero negro tampoco eximiría a la empresa de la carga de probar el pago por los medios correspondientes.
Esta sentencia sentará un precedente significativo en futuros casos relacionados con el pago de salarios y la carga de la prueba, reforzando la protección de los derechos laborales y asegurando que los trabajadores reciban el pago justo y legal que les corresponde.
